Roberto Gutiérrez Turrubiartes/El Rayo/Fotos
*Prevén amparos contra del nuevo gravamen “es recaudatorio”: Encarecerá industria de la construcción.
La aprobación ayer de del Congreso del Estado del nuevo Impuesto Verde, no fue consensuado con los sectores productivos, lo que generó inmediatamente reacciones en contra, para exigir que se discuta, se definan el impacto económico que tendrá en la producción y operación de las empresas que trabajan con grava, arcillas, mármol y arena, además de las más grandes que entrarían en ese rango por la emisión de gases a la atmósfera, la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua e impuesto por depósito o almacenamiento de residuos.
La entrada en vigor del nuevo impuesto sería para abril de 2024, ya que aun la Secretaría de Finanzas no ha fijado el costo de posibles sanciones por tonelada de emisiones contaminantes, en otros estados del país donde ya funciona ronda los 179 pesos por tonelada y no hay no hay un mecanismo, ni equipos, para medir las emisiones a la atmosfera.
Empresarios consultados prevén el incremento del 20% en los materiales de construcción, aparte del impacto que se tendrá en las descargas residuales para quienes sobrepasen los límites permitidos por la nueva ley, lo que repercutirá en la operación de las empresas. “Es recaudatorio dicen los empresarios” y debe consensuarse.
El nuevo impuesto que fue aprobado en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, por los diputados del Verde, con el apoyo de otras fracciones parlamentarias del Congreso Local, en el fondo busca cambiar el funcionamiento de la industria, protegiendo al medio ambiente, sin embargo, hay el temor de que se preste a corrupción.
“Ya funciona en varios estados de la República y entidades vecinas, como Querétaro y Tamaulipas, donde se pone énfasis en las emisión de gases contaminantes, pero en otros como Coahuila, definitivamente fueron pospuestos por su inoperantes”.
“El Impuesto Verde tendrá un impacto en las empresas y en otras áreas de la producción, por lo que en algunos estados como Durango, los empresarios amenazaron con dejar el estado y trasladar sus plantas a Coahuila, donde la Ley se pospuso”. En otros casos como el de San Luis Potosí, donde entrará en vigor en 2024, los empresarios ya anunciaron que podrían llegar al amparo y utilizar vías jurídicas, para protegerse.